Santo Domingo. – El Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), los directores de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC) y el Defensor del Pueblo, realizaron el primer encuentro de colaboración y planificación interinstitucional con la finalidad de dotar a los más de 25 mil privados de libertad de un seguro médico subsidiado.
En la sede del SeNaSa, se desarrolló la primera mesa de trabajo con la presencia de su director ejecutivo Santiago Hazim, junto con Roberto Hernández Basilio, de la DGSPC, y Pablo Ulloa, Defensor del Pueblo.
En la reunión, Santiago Hazim, explicó que “esta iniciativa de propuesta por la Procuraduría General de la República a través de Roberto Hernández Basilio, responsable de la DGSPC, y el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, nos permitirá garantizar el derecho fundamental de la Seguridad Social a los privados de libertad, amparado en el artículo 60 de la Constitución, que establece que estos no pierden su derecho a la salud”.
Al destacar las políticas de protección social que ejecutan el presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña, resaltó que: “una muestra de ello es que los más de siete mil privados de libertad que tiene el centro de La Victoria, el SeNaSa ha beneficiado con seguro subsidiado a más de cuatro mil internos, por lo cual se está realizando la validación de los documentos que se requieren para el proceso de afiliación para incorporar al total de la población penitenciaria del país a un seguro de salud”.
Por su parte, Roberto Hernández Basilio, director de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales, ovacionó la colaboración del Servicio Nacional de Salud y expresó que en su gestión el derecho a la salud está en primer lugar, como garantía de la aplicación del Tratamiento Penitenciario que establece la Ley 113-21, sobre el Régimen Penitenciario.
“Tenemos que seguir avanzando en el aspecto salud y las gestiones que iniciamos hoy, en coordinación con SeNaSa y el apoyo del Defensor del Pueblo, es fundamental para que los privados de libertad obtengan los servicios que requieren de manera segura”, dijo el funcionario penitenciario.
Finalmente, en este sentido, el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, sostuvo que la necesidad de un seguro médico para todos los presos, ha sido una preocupación latente desde que inició su gestión, por lo cual el equipo de trabajo de esta institución realizó un Estudio Socioeducativo Y Criminológico a los privados de libertad de los 47 centros penitenciarios a nivel nacional.
“Gracias a este estudio que realizamos hemos podido recopilar cifras claras de la situación de salud de los internos en los centros penitenciarios, por tanto, esta colaboración con SeNaSa y DGSPC significa un hito con miras a salvaguardar el derecho a la salud que establece la Constitución y forma parte de la misión institucional del Defensor del Pueblo como garante de los derechos fundamentales”, certificó Ulloa.
