Una bala perdida en un tiroteo en su barrio en Santo Domingo impactó en la columna vertebral de Cristina Francisco cuando tenía nueve años. Sus piernas se paralizaron y, durante un tiempo, su vida también. “Me quedé en una cama y pensaba cuándo iba a poder volver a la escuela. Al año pude sentarme y me sentí feliz”, dice esta mujer de 60 años. Su familia, “pobre”, no tenía vehículo ni una silla de ruedas y el acceso al centro educativo era imposible. Todo eran barreras. Dos años después de su “accidente”, pudo por fin volver a las aulas. “Crecí sin complejos y con apoyo de la familia”, afirma en una entrevista en el centro colonial de la capital de República Dominicana, adonde no le ha resultado fácil llegar desde su barrio, uno de los más humildes y peligrosos de la capital. Ese apoyo no quiere decir que su camino hasta licenciarse en Arte y Publicidad y Administración de Recursos Humanos, fundar una ONG y formar una familia haya estado exento de obstáculos. Cristina Francisco ha avanzado, pero las leyes y la sociedad dominicana, no tanto, sobre todo en las cuestiones relativas a la salud y vida sexual de las mujeres con discapacidad.
“Me enamoré y me casé”, resume su historia de amor. Pero decidir formar una familia con su marido trajo nuevos quebraderos de cabeza. “Encontrar una clínica accesible era una lucha titánica”, comienza. Cuando consiguió salvar las barreras físicas, se enfrentó a las sociales. Al primer ginecólogo que la atendió le pidió un estudio para comprobar si estaba efectivamente embarazada y conocer cuál era su estado de salud. “Su respuesta fue: ‘Te lo vamos a sacar’. Me sorprendí de que él pensase que yo iba a abortar. Finalmente, me mandó las pruebas, pero me incomodó el trato”, recuerda.
La interrupción del embarazo es ilegal en cualquier circunstancia en República Dominicana, lo que le convierte en uno de los países con una de las leyes más restrictivas del planeta, junto con El Salvador y Honduras. Pero las organizaciones de mujeres con discapacidad denuncian que a ellas se lo proponen e incluso practican clandestinamente y en contra de sus deseos, debido a los prejuicios de los doctores o de sus propias familias, que creen que han sufrido abusos ―les parece inconcebible que quieran formar una familia― o que no van a poder hacerse cargo adecuadamente de su descendencia.
En República Dominicana, un 23% de las mujeres no son libres de tomar decisiones sobre su propio cuerpo en lo relativo a las relaciones sexuales o el uso de anticonceptivos, a los que el 46% no tiene acceso
De acuerdo con los últimos datos disponibles (2018) del Sistema Único de Beneficiarios de República Dominicana, el 7,3% de la población mayor de cinco años tiene alguna discapacidad. Dentro de ese porcentaje, un 42,2% son hombres y el 57,8%, mujeres. Para enfrentar esta y otras formas de violencia obstétrica, así como múltiples discriminaciones por su condición y género, Cristina Francisco fundó en 1998 el Círculo de Mujeres con Discapacidad (Cimudis) de República Dominicana. Las más de 450 socias se han dado cuenta, al compartir sus experiencias, de que ninguna es un caso aislado. A otra de ellas, E. S., en silla de ruedas desde que contrajo poliomielitis de pequeña, la doctora le sugirió que interrumpiese su embarazo. “¿Tienes 30 pesos (unos 50 céntimos de euro) para comprarte una inyección?”, recuerda que le preguntó. “Me dijo que, como estaba de pocos meses, con una inyección, bastaba”, agrega. Finalmente tuvo a su niña, hoy de 27 años, pero se quedó tan entristecida por el trato que ya no quiso tener más
Cimidus y otras entidades denuncian que todo el sistema sanitario, y específicamente los servicios de salud sexual y reproductiva, no solo no tiene en cuenta sus necesidades concretas, sino que además las infantiliza como si fueran menores de edad que no tienen capacidad para tomar sus propias decisiones, como la de ser madres o decidir no serlo, y cuidar de su cuerpo.
“Me gustaría ver que en los protocolos de atención se contempla la discapacidad. Tiene que haber clínicas adecuadas, por ejemplo con una camilla adaptada, para que no tengan que venir a cargarnos o nos digan que debemos esperar al final de la consulta porque no se puede cerrar la puerta [al meter la silla] y no vamos a tener privacidad”, pide Francisco. “Tenemos derecho a ser tratadas con dignidad”, insiste.
Esterilizadas sin consentimiento
Al contrario que Francisco, que tomó la decisión informada de ligarse las trompas libremente, en ocasiones sucede que las mujeres con discapacidad son esterilizadas contra su voluntad, forzadas por los sanitarios o sus propias familias, denuncia la fundadora de Cimudis. A punto estuvo Quezada, de la OPS, de ser una de ellas. “Cuando fui a dar a luz a mi primer hijo, la doctora esperó a que yo estuviera sedada para preguntar a mi madre y mi esposo si me hacía la ligadura”, relata enojada en el vídeo de La Red Dominicana. Ambos le hicieron saber que era Quezada quien debía tomar esa decisión.
En República Dominicana, un 23% de las mujeres no son libres de tomar decisiones sobre su propio cuerpo en lo relativo a las relaciones sexuales o el uso de anticonceptivos, a los que el 46% no tiene acceso. Según el informe anual del Fondo de Población de Naciones Unidas de 2022, la esterilización fue el método más usado en el país —el 30,5% de las mujeres en edad reproductiva, casadas o unidas—, pero no siempre por una elección informada: el 25% de ellas fueron esterilizadas sin saber que se trataba de una intervención irreversible. Un porcentaje solo por detrás de Lesoto (28%), según el organismo. Se desconoce qué porcentaje corresponde a las que tienen alguna discapacidad. La falta de datos sobre esta y las demás cuestiones —violencia de género, utilización de contraceptivos, acceso a servicios sanitarios— es uno de los principales reclamos de las organizaciones. “Son necesarios para luego elaborar políticas públicas”, expone Francisco.
El propio informe del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) sobre violencias de género en el país (de marzo de 2022) alerta sobre esta carencia. Y en el estudio alternativo que elaboraron las entidades de personas con discapacidad, estas ahondan que “la información estadística existente es escasa y se encuentra dispersa entre diferentes entes estatales”, lo que, según su criterio, “limita enormemente la capacidad del Estado para elaborar políticas públicas de inclusión social, económica y política de las personas con discapacidad”. Y como consecuencia las invisibiliza, especialmente a las mujeres.
