Santo Domingo. – Desde el pasado 21 de abril, cuando la Dirección General de Migración implementó el protocolo migratorio en hospitales públicos, se ha observado un cambio significativo en el comportamiento de la población haitiana indocumentada que requiere atención médica en República Dominicana. El nuevo procedimiento, que incluye la verificación de estatus migratorio, ha resultado en la deportación de varios pacientes haitianos, incluyendo mujeres embarazadas, generando un clima de temor entre la comunidad migrante irregular.
Anita, una ciudadana haitiana con documentos en regla que reside en El Café de Herrera, describe la situación con preocupación: «Antes había hospitales, ahora, hay Dios». Sus palabras reflejan el dilema que enfrentan sus compatriotas sin documentos, quienes ahora deben sopesar la necesidad de atención médica contra el riesgo de ser deportados. Este temor ha llevado a muchos a evitar completamente los centros de salud públicos.
Como alternativa, algunas personas han comenzado a recurrir a clínicas privadas, a pesar de los costos más elevados. Ovilme Feguens, una joven de 26 años en situación migratoria irregular, explica que preferiría pagar por atención privada antes que arriesgarse a ser deportada. Sin embargo, como señala otra mujer haitiana que prefirió mantener su anonimato, muchas personas simplemente no tienen los recursos para esta opción y se ven forzadas a arriesgarse o a no recibir tratamiento alguno.
Este cambio en los patrones de búsqueda de atención médica ha tenido consecuencias visibles en diferentes centros de salud. Establecimientos como la clínica Cruz Jiminián han reportado un aumento en pacientes haitianos, mientras que otros, como la Fundación Centro de Salud Divina Providencia, han notado una disminución significativa. «Tienen miedo de que los deporten», explican desde esta última institución.
La situación se repite en diferentes regiones del país. En Santiago, por ejemplo, un trabajador haitiano con más de 20 años de residencia en el país confiesa que ahora evita acudir al médico: «Si me duele algo, me aguanto. Si voy, me deportan». Personal del hospital Juan XXIII en la misma ciudad confirma esta tendencia, señalando que la afluencia de pacientes haitianos ha disminuido drásticamente desde la implementación del protocolo.
El Servicio Nacional de Salud ha aclarado que, aunque existen costos asociados a insumos para pacientes extranjeros, la atención médica en sí sigue siendo gratuita. Sin embargo, esta garantía no ha sido suficiente para disipar el miedo entre la población haitiana indocumentada. Expertos en salud pública advierten que esta situación podría tener consecuencias negativas, tanto para los individuos que evitan tratamiento como para la salud pública en general, al aumentar el riesgo de brotes de enfermedades y problemas de salud no atendidos.
Con información de diariolibre.com
