Santo Domingo. – Fernando Quiroz, coordinador de la Mesa de Diálogo por el Autismo y periodista, criticó al Gobierno por no haber cumplido en 2024 con la Ley 34-23 de Atención, Inclusión y Protección para Personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), la cual fue promulgada el 5 de junio de 2023.
Quiroz destacó que, aunque esta legislación representó un avance importante en el reconocimiento de los derechos de las personas con TEA, el Gobierno ha fallado en cumplir con los plazos y compromisos establecidos, lo que ha generado frustración y desamparo entre las familias afectadas.
Como ejemplo, mencionó que el reglamento de aplicación debía ser emitido dentro de los 120 días posteriores a la promulgación de la ley, es decir, antes del 4 de octubre de 2023. Sin embargo, este reglamento no fue aprobado hasta el 24 de julio de 2024 por el presidente Luis Abinader a través del decreto 403-24. Quiroz sostuvo que este retraso ha dejado en espera la implementación de medidas esenciales para garantizar la atención integral, inclusión y protección de las personas con TEA.
“A pesar de la emisión del reglamento, el gobierno no ha dado pasos concretos para cumplir con la ley. Falta de recursos, ausencia de programas especializados y una nula coordinación interinstitucional son algunas de las deficiencias señaladas”, afirmó Quiroz, quien es defensor de las familias afectadas. “El gobierno está violando la Ley de Autismo”, declaró Quiroz, enfatizando que el retraso en la implementación de la ley y la indiferencia de las autoridades han dejado a miles de personas sin acceso a los servicios prometidos.
Con la llegada de 2025, Quiroz hizo un llamado al gobierno para que este año marque un cambio significativo en su enfoque. Hizo un llamado especial a la vicepresidenta Raquel Peña, apelando a su papel como madre y figura de autoridad, para que lidere las acciones necesarias para asegurar el cumplimiento de la ley.
“La implementación de esta leyno puede seguir postergándose. No es solo un tema legal, es un tema humano”, subrayó Quiroz, añadiendo que “el incumplimiento de la Ley 34-23 no solo representa una violación jurídica, sino también un reflejo del desinterés hacia una población históricamente olvidada. Lasfamilias de personas conTEA exigen que las palabras se traduzcan en acciones concretas que hagan realidad los derechos garantizados en el papel. La espera ha sido larga, y el desamparo, evidente”.
Para el 2025, Quiroz espera que el gobierno finalmente cumpla con su responsabilidad de construir un sistema inclusivo y justo para quienes viven con TEA.
La Ley 34-23 asigna responsabilidades específicas al CONADIS y al Ministerio de Salud Pública para la atención y tratamiento del TEA, al Ministerio de Educación para garantizar el acceso educativo, y al Ministerio de Trabajo para promover la inserción laboral de personas con TEA, entre otras medidas.
Con información de elnacional.com.do
