Santo Domingo. – El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) manifestó su satisfacción por la aprobación en primera lectura del proyecto de Ley de Alimentación y Nutrición Escolar en la Cámara de Diputados. Esta iniciativa, impulsada conjuntamente con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y con apoyo de legisladores, busca establecer un marco regulatorio para mejorar la calidad nutricional de los estudiantes.
Víctor Castro, director ejecutivo del Inabie, destacó este avance legislativo y expresó su optimismo respecto a que esta vez el proyecto logre completar su trámite y convertirse en ley. La iniciativa, que había sido presentada en 2023 por el Frente Parlamentario Contra el Hambre con el respaldo del Inabie y la FAO, ahora deberá ser considerada por el Senado de la República. Castro hizo un llamado a los senadores para que prioricen su discusión, dada su importancia para la niñez y su vinculación con el plan presidencial «Hambre Cero».
El proyecto legislativo contempla medidas fundamentales como la preparación de alimentos directamente en los centros educativos con participación de proveedores locales, la garantía de acceso a agua potable en todas las escuelas, la implementación de programas de educación alimentaria y nutricional, así como la prohibición de la venta de alimentos ultraprocesados en las instituciones educativas.
Esta iniciativa ya había obtenido aprobación en ambas lecturas en la Cámara de Diputados durante la legislatura pasada, pero al no ser conocida por el Senado, perimió al finalizar el período legislativo. El texto actual es resultado de un amplio proceso de consulta que involucró a múltiples actores, incluyendo representantes del Inabie, la FAO, el Frente Parlamentario contra el Hambre, el Centro de Investigación y Promoción Social (Cipros), así como expertos en salud, educación, nutrición y agricultura, entre otros sectores.
La propuesta consta de 83 artículos organizados en doce capítulos, cuyo objetivo principal es garantizar el derecho a la alimentación y nutrición adecuada de los estudiantes, tanto del sistema público como privado. No obstante, las disposiciones específicas sobre el Programa de Alimentación Escolar aplicarán exclusivamente a los centros educativos públicos autorizados por el Ministerio de Educación.
De convertirse en ley, la República Dominicana se sumaría al grupo de países latinoamericanos que cuentan con un marco jurídico robusto en materia de alimentación escolar, lo que representaría un avance significativo en la protección del derecho a la nutrición adecuada de la población estudiantil.
Con información de ndigital
