Ética

Asociación de Médicos Abogados advierte sobre la importancia de garantizar el derecho a cuestionar las decisiones judiciales

El Dr. Juan Ubaldo Sosa Almonte, presidente electo de la AMA, considera que la independencia judicial no debe confundirse con la ausencia de fiscalización y destaca la importancia de preservar el derecho de los profesionales de la salud y de la ciudadanía a cuestionar las actuaciones de la justicia.

Santo Domingo, República Dominicana. – El presidente electo de la Asociación de Médicos Abogados (AMA), Dr. Juan Ubaldo Sosa Almonte, expresó su preocupación ante las declaraciones atribuidas al magistrado Justiniano Montero, en las que afirmó que “un ataque a un juez es un ataque al sistema judicial”, al considerar que este planteamiento requiere una aclaración sobre los límites entre la protección de la independencia judicial y el legítimo derecho ciudadano a cuestionar las decisiones de los tribunales.

Sosa Almonte, médico y abogado, sostuvo que estas declaraciones adquieren especial relevancia para el sector salud dominicano, en momentos en que la judicialización del ejercicio médico, los procesos por presunta responsabilidad profesional y los conflictos relacionados con la prestación de servicios sanitarios plantean importantes desafíos para médicos, pacientes, instituciones y profesionales del derecho.

En ese contexto, señaló que los profesionales de la salud, al igual que cualquier ciudadano, deben contar con las garantías necesarias para cuestionar decisiones judiciales, denunciar posibles irregularidades y ejercer los recursos establecidos por la legislación, sin que estas actuaciones puedan interpretarse automáticamente como ataques contra el sistema de justicia.

“Cuestionar una decisión judicial no significa atacar la justicia. Los médicos, los pacientes y las instituciones sanitarias tienen derecho a exigir procesos transparentes, decisiones fundamentadas y actuaciones ajustadas a la Constitución y las leyes”, expresó el presidente electo de la AMA.

El especialista explicó que la creciente interacción entre la medicina y el derecho exige un sistema judicial capaz de comprender las particularidades del acto médico, evaluar adecuadamente las evidencias científicas y garantizar el debido proceso a todas las partes involucradas.

Asimismo, consideró que la independencia judicial constituye una garantía indispensable del Estado de derecho, pero advirtió que esta no puede interpretarse como una condición que coloque las actuaciones de los jueces fuera del escrutinio público o de los mecanismos de responsabilidad institucional.

Sosa Almonte solicitó al magistrado Montero precisar el alcance de sus declaraciones y establecer una distinción clara entre las amenazas, agresiones o intimidaciones contra los jueces y las críticas, denuncias o cuestionamientos legítimos que puedan formular los ciudadanos respecto de sus decisiones.

“La independencia judicial no puede convertirse en impunidad, ni el respeto a los jueces en una obligación de silencio. Los jueces son servidores públicos y sus actuaciones, como las de cualquier autoridad, están sujetas a los controles que establece nuestro ordenamiento jurídico”, manifestó.

Judicialización del ejercicio médico y garantías procesales

El presidente electo de la Asociación de Médicos Abogados destacó que uno de los principales retos del sistema sanitario es fortalecer la seguridad jurídica en el ejercicio profesional, especialmente frente a controversias derivadas de la atención médica.

En ese sentido, indicó que la confianza en la administración de justicia resulta fundamental tanto para los pacientes que reclaman la protección de sus derechos como para los médicos que deben responder ante procesos judiciales relacionados con su práctica profesional.

Agregó que la correcta valoración de los expedientes clínicos, los peritajes especializados, el consentimiento informado y las circunstancias particulares de cada intervención médica son elementos esenciales para una administración de justicia equilibrada.

A su juicio, garantizar el derecho a cuestionar las actuaciones judiciales contribuye a fortalecer la transparencia institucional y a prevenir decisiones que puedan afectar injustamente la reputación, el patrimonio o el ejercicio profesional de quienes integran el sistema sanitario.

Finalmente, Sosa Almonte reiteró que la Asociación de Médicos Abogados defenderá el respeto al debido proceso, la independencia judicial y los derechos fundamentales, al tiempo que promoverá una relación más equilibrada entre el sistema de justicia y el sector salud.

“La justicia pertenece a la República, no a los jueces. Ninguna institución democrática puede exigir respeto a cambio del silencio de la sociedad. Defender la justicia también significa tener el derecho de cuestionarla cuando sea necesario”, concluyó.

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