Por: Dr. Roberto Nina Bautista / Ginecólogo Obstetra
La inminente entrada en vigencia del nuevo Código Penal (Ley 74-25) plantea un cambio radical en la salud dominicana. Aunque la norma busca actualizar la justicia, su redacción actual empuja a los médicos ginecobstetras a un escenario de vulnerabilidad extrema, obligándolos a modificar por completo la atención que reciben las embarazadas.
¿Cómo afecta esto directamente el día a día de un ginecólogo obstetra?
El dilema de salvar vidas (Art. 12 y 107): Si un obstetra interrumpe un embarazo para salvar a una madre con preeclampsia severa o una infección grave, podría ser acusado de aborto provocado. Pero si decide esperar para protegerse legalmente y la madre fallece, podría ir a prisión por «omisión». ¡Un callejón sin salida legal!Pagar por las fallas del sistema (Art. 12): En caso de una emergencia (como una hemorragia posparto) en un hospital público, si la paciente se complica por falta de sangre, insumos o quirófanos disponibles, la ley penaliza al médico que atiende el caso, no a las carencias del sistema.
Medicamentos bajo sospecha (Art. 106): Fármacos esenciales que se usan a diario para detener hemorragias o evacuar fetos muertos (como el Misoprostol u Oxitocina) quedan bajo una estricta lupa judicial, abriendo la puerta a denuncias malintencionadas.
Peligro en las licencias (Art. 354): Errores involuntarios en récords clínicos o la emisión de reposos laborales por amenazas de aborto basadas en síntomas subjetivos de la paciente podrían castigarse con severas penas de cárcel bajo el cargo de «certificación falsa».
¿Las consecuencias? La llegada de la «Medicina Defensiva»
El miedo a ir a prisión cambiará la forma de atender a las pacientes:
1. Aumento masivo de cesáreas programadas para evitar los riesgos e imprevistos del parto natural.
2. Consultas más costosas y lentas debido al exceso de estudios y burocracia para que el médico pueda «blindarse» legalmente.
3. Abandono de la obstetricia: Muchos especialistas optarán por no atender partos ni emergencias para no arriesgar su libertad.
El acto médico científico no puede ser tratado de forma automática como un delito criminal. Por lo cual el Colegio Médico Dominicano (CMD). Exige al Congreso y al Tribunal Constitucional la inclusión de la «lex artis» para proteger tanto el derecho a la salud de las pacientes como la seguridad jurídica de los médicos.
